Tras más de una década de conflicto, Siria continúa atravesando un complejo escenario de desplazamiento y movilidad humana. La caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 introdujo nuevas dinámicas políticas y renovó las expectativas de retorno para parte de la población desplazada. Sin embargo, este proceso no puede comprenderse de manera aislada. Las intervenciones externas, las disputas regionales, la fragmentación territorial y el deterioro de las condiciones socioeconómicas también han incidido en la configuración de los desplazamientos y en las posibilidades de regresar.
El 25 de octubre de este año, un convoy integrado por 220 familias abandonó distintos campamentos de desplazados en la gobernación de Idlib, en el norte del país, para regresar a sus comunidades de origen en Hama, Homs, Alepo, Deir Ezzor, Latakia y Damasco, entre otras localidades. La operación, coordinada por las autoridades sirias con participación de ACNUR, formó parte de la iniciativa gubernamental Syria Without Camps, orientada a facilitar el retorno de las personas desplazadas. Durante el traslado, las familias recibieron asistencia humanitaria, incluyendo alimentos, artículos de primera necesidad y elementos de abrigo.[1]
Para muchas de ellas, el regreso representa el final de años de desplazamiento. Algunas permanecieron durante más de una década en tiendas de campaña y alojamientos improvisados. No obstante, la posibilidad de volver al lugar de origen no implica necesariamente recuperar las condiciones de vida anteriores al conflicto. La destrucción de viviendas, la pérdida de medios de subsistencia y el deterioro de la infraestructura continúan representando obstáculos para una reintegración efectiva.
En este sentido, la propia situación de los campamentos evidencia las limitaciones del proceso. Según declaraciones recogidas por la agencia estatal SANA, cientos de familias todavía permanecen en Idlib porque no cuentan con los recursos económicos necesarios para reconstruir sus viviendas o acceder a un alojamiento alternativo. En algunos asentamientos, las condiciones de habitabilidad continúan siendo precarias, mientras que la reducción de la asistencia humanitaria incrementa la vulnerabilidad de quienes permanecen desplazados.[2]
Durante una reunión celebrada el 27 de octubre en Damasco, la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, Hind Kabawat, y el representante de ACNUR en Siria, Kevin J. Allen, abordaron la reactivación de centros comunitarios en zonas con elevados niveles de retorno, particularmente en las zonas rurales de Idlib, Alepo y Hama. Asimismo, destacaron la importancia de promover la inclusión económica de la población retornada, con el objetivo de reducir su dependencia de la asistencia externa y fortalecer la cohesión social.
A estas dificultades se suma la llegada del invierno, que representa una amenaza adicional para millones de personas desplazadas y refugiadas en la región. El 30 de octubre, ACNUR advirtió que aproximadamente nueve millones de personas en Siria, Líbano, Ucrania y Afganistán necesitarán asistencia adicional para atravesar los próximos meses. La agencia solicitó recaudar al menos 50 millones de dólares para financiar sus programas de invierno.
En el caso sirio, la preocupación no se limita a quienes todavía permanecen en los campamentos. ACNUR advirtió que, sin recursos adicionales para garantizar condiciones básicas de habitabilidad, la situación de las personas que regresaron podría volverse cada vez más precaria. La escasez de combustible, el incremento de los precios de los alimentos y la energía, y las dificultades para acceder a una vivienda adecuada constituyen factores que pueden comprometer la sostenibilidad de los retornos.
En este contexto, el desafío humanitario sirio atraviesa una transformación: las necesidades ya no se concentran exclusivamente en los espacios de desplazamiento, sino que se trasladan progresivamente hacia las comunidades de origen. La reconstrucción de viviendas, la recuperación de los servicios públicos y la generación de oportunidades económicas resultan indispensables para evitar que el regreso se convierta en una nueva experiencia de vulnerabilidad.
Así, el retorno de miles de familias representa un avance significativo después de años de desplazamiento forzado, pero no constituye, por sí mismo, una solución duradera. La posibilidad de reconstruir el tejido social y garantizar condiciones de vida dignas dependerá de la continuidad de la asistencia internacional, la capacidad institucional y la implementación de políticas que permitan transformar el regreso territorial en una verdadera reintegración. En definitiva, volver a casa es apenas el comienzo de un proceso mucho más complejo.