Durante todo Abril, pero especialmente en los últimos días del mes, diversas organizaciones internacionales han denunciado al gobierno de Líbano por deportaciones a refugiados sirios, después de que las fuerzas de seguridad libanesas interrumpieran en sus viviendas.
Tanto el Observatorio Sirio de Derechos Humanos como Sueida 24 lanzaron comunicados oficiales denunciando a autoridades libanesas por deportaciones forzosas a refugiados sirios que no tenían residencia legal o sus permisos habían caducado hace un tiempo. Según sus fuentes, fueron más de 50 refugiados los que fueron arrestados en sus viviendas y llevados en vehículos del ejército a la frontera donde fueron entregados a las autoridades de la República Árabe Siria.
A los mencionados comunicados oficiales se le sumó el imperioso pedido de Amnistía Internacional al gobierno libanes para que “paren inmediatamente de deportar a personas refugiadas de vuelta a Siria”, donde sus vidas corren grave peligro por no estar dadas las condiciones de seguridad para su regreso. Asimismo, Aya Majzoub, directora adjunta de Amnistía Internacional para el MENA, declaró que “es muy alarmante ver que el ejército decide la suerte de las personas refugiadas sin respetar las garantías procesales ni permitir que las afectadas recurran contra su expulsión ante un tribunal
o pidan protección”.
Al volver a analizar estos acontecimientos es muy importante destacar que, los años anteriores, Líbano ya había llevado a cabo una política de deportación de refugiados violando el principio internacional de “no devolución” que prohíbe a los Estados devolver a personas a un lugar donde corre riesgo su vida. Dicha situación no plantea un escenario favorable para los refugiados que viven con temor de ser expulsados y devueltos a su país de origen.