A diez años de la Primavera Árabe, Túnez se encuentra acorralado por la inestabilidad existente en todos los ámbitos. Desde enero de 2021, se han desarrollado manifestaciones de jóvenes que protestaban contra el desempleo, la inflación y la brutalidad policial, las cuales dieron como resultado la detención de 2.000 manifestantes. Durante el mes de junio, las protestas afloraron en barrios obreros, como Sidi Hassine, por la indignación que causó la muerte de un hombre que se encontraba bajo custodia de la policía, y la viralización de un video en el que se ve a un joven desnudo y golpeado por policías. Los enfrentamientos nocturnos entre jóvenes y fuerzas policiales, que utilizan gases lacrimógenos, son cada vez más frecuentes. La oficina de DDHH de las Naciones Unidas en Túnez y activistas defensores de los derechos humanos muestran preocupación por las numerosas denuncias de violaciones y malos tratos que comete la policía hacia los manifestantes y detenidos.
Además, el país arrastra una crisis económica que no tiene fin. Túnez está negociando con el FMI un préstamo de 3.300 millones de euros y debe comenzar con el reembolso de los vencimientos de otros préstamos, por ende, se esperan una serie de ajustes impopulares que traerán mayores protestas. Paralelamente, la tercera ola del COVID-19, el aumento de contagios y la lenta campaña de vacunación demuestran el mal manejo de la pandemia, ya que sólo se ha respondido con medidas restrictivas y confinamientos. En cuanto al sistema político, dentro del poder legislativo las relaciones entre los parlamentarios han sido tensas lo cual debilita la posición del jefe de 6 gobierno, Hichem Mechichi. Este último y el jefe de Estado, Kaïs Saied, se han reunido el 15 de junio para encontrar una salida a las sucesivas crisis.