El pasado 28 de abril el presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, promulgó un decreto para extender tres meses el estado de emergencia que rige en el país desde abril de 2017. Alegando las peligrosas condiciones en los sectores de salud y seguridad, anunció que la prórroga tendrá lugar para ayudar a las autoridades a lidiar con la amenaza del Coronavirus y la actividad insurgente en la región del Sinaí.
El estado de emergencia amplía de forma considerable los poderes de las fuerzas de seguridad en materia de detención y vigilancia. Las Fuerzas Armadas y la Policía podrán tomar las medidas necesarias para mantener la seguridad, proteger la propiedad pública y privada y salvaguardar la vida de las personas.
Según registros oficiales, Egipto cuenta con 5286 casos confirmados de COVID-19, 1335 recuperados y 380 muertes. A pesar de ser uno de los países con más infectados dentro del continente africano, ha decidido aliviar algunas restricciones aumentando la libertad de movimiento durante el mes de Ramadán.
En este sentido, las autoridades permitirán que los centros comerciales y algunas tiendas 8 permanezcan abiertos hasta las 17hs durante los fines de semana y que el toque de queda a nivel nacional comience una hora más tarde. El gobierno evaluará en dos semanas si las mencionadas medidas se mantendrán, o si por el contrario, se endurecerán las restricciones.
Egipto enfrenta un escenario crítico a nivel económico y social. El virus avanza a pasos agigantados y el país no cuenta con los insumos y la infraestructura necesaria para hacerle frente. La industria turística, que representa el 15% del PBI del país, ha sufrido un duro golpe, y el primer ministro se ha visto en la necesidad de solicitar un paquete de ayuda financiera al FMI para apuntalar la
economía en medio de la pandemia.
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