Las tensiones entre Israel y Palestina han alcanzado niveles críticos, con un creciente número de víctimas civiles y acusaciones de violaciones del derecho internacional humanitario, por ambas partes.
El martes, Palestina acusó a Israel de emplear armas incendiarias de fósforo durante sus ataques en la Franja de Gaza, una acción que está prohibida a nivel internacional cuando se utiliza en zonas densamente pobladas. La falta de respuesta de Israel a estas acusaciones ha aumentado la tensión. Es relevante subrayar que el uso de estas bombas en áreas altamente pobladas es contrario a la Convención de Ginebra de 1980, dado que generan una densa cortina de humo que puede causar graves daños a la salud de las personas y al entorno ambiental.
En la región, las acciones atribuidas a grupos armados palestinos, como ataques indiscriminados y la toma de civiles como rehenes, se consideran también crímenes de guerra. La interrupción del suministro eléctrico en Gaza y otras medidas punitivas impuestas por las autoridades israelíes pueden constituir castigos colectivos ilegales, también clasificados como crímenes de guerra.
Estas acciones ocurren en medio de una situación en la que los ciudadanos palestinos en el Territorio Palestino Ocupado (TPO) enfrentan una represión sin precedentes, con un aumento significativo en asesinatos, detenciones administrativas y un prolongado bloqueo en Gaza, que ha entrado en su decimoséptimo año.
El Ministerio de Salud de Gaza dijo que al menos 830 palestinos murieron y otros 4.250 resultaron heridos en el bombardeo israelí de la franja. Según el diario israelí Haaretz, más de 1.000 israelíes han muerto.
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