Desde hace más de seis años, el país está sumido en un conflicto que enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente de Mansour Hadi, respaldado por Arabia Saudita y una coalición de países árabes, con los huties, un grupo rebelde del norte del país que tiene el apoyo –aunque más discreto- de Irán. Desde entonces, el país ha caído en la anarquía y en la extrema fragmentación del poder entre distintas tribus y grupos de poder.
Recientemente los rebeldes condenaron y fusilaron a nueve hombres en la plaza Tahrir en la capital, frente a la vista de los residentes de la ciudad. Ellos estaban acusados de colaborar en la muerte de Saleh Al-Sammad, uno de los principales líderes del movimiento en 2018. Pero Antonio Guterrez, el Secretario General de la ONU, manifestó su preocupación por las irregularidades en el proceso judicial. En la misma sintonía, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea reprobaron el accionar poco transparente de los rebeldes.
Sumado a esto, la pandemia de COVID-19 continúa golpeando con dureza. Mientras que en muchos países la vacunación ha permitido grades mejoras en los índices sanitarios, en Yemen tan solo el 1% de la población recibió una dosis, y solo 0,05% el esquema completo. Actualmente, el programa COVAX –el único medio de ingreso de vacunas al país- solo ha entregado el 12% de las 4.2 millones de vacunas que había prometido.
Frente a esto, el panorama es sombrío. Desde agosto, se han triplicado los contagios, y cuadruplicado las muertes, sin contar que hay escaza capacidad de testeo y que los rebeldes no han
6 entregado datos sanitarios. Actualmente la tasa de mortalidad es sumamente alta debido a que muchas personas están débiles por los altos niveles de hambruna, faltan medicamentos básicos, y la infraestructura sanitaria se encuentra diezmada después de tantos años de conflicto.