Días atrás, la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Siria, público un informe en el que denuncia que tanto las fuerzas progubernamentales, como las fuerzas yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cometieron crímenes de guerra en la ofensiva a la provincia de Idlib, ubicada al norte del país.
El trabajo de investigación llevado a cabo por la comisión -basado en el análisis de datos de sobrevuelo y testimonios de testigos- comprende el periodo de noviembre de 2019 y junio de 2020, donde se identifican 52 ataques, de los cuales 47 son atribuidos al régimen de Bashar Al- Assad respaldado por Rusia.
Las agresiones “indiscriminadas” tuvieron como víctimas a civiles y daños sobre instalaciones protegidas por el Derecho Internacional. A partir de la información recabada, la comisión pudo determinar que los ataques aéreos sirios y rusos en establecimientos educativos, hospitales y almacenes, junto a la utilización de armamento prohibido como las bombas de racimo, constituyeron crímenes de guerra. A su vez, en el informe presentado también se acusó al grupo yihadista HTS de detener, torturar, ejecutar civiles y de ser responsables de disparar y atacar áreas pobladas “sin aparente objetivo militar legítimo”. 3
Ante la violencia perpetrada por ambas partes, los civiles se debieron enfrentar a la disyuntiva entre ser bombardeados o huir a zonas controladas por HTS donde la asistencia humanitaria es ínfima y los abusos abundan.
La ofensiva llevada a cabo por el gobierno en Idlib devino en una crisis humanitaria sin precedentes y en el éxodo de más de un millón medio de personas que hoy se encuentra bajo una nueva amenaza, el COVID-19.