Al realizar un balance del último año en Túnez, se observan preocupantes continuidades en las prácticas represivas y coactivas contra “los otros”; es decir, aquellos quienes no se alinean con el proyecto político de Kais Saied. Estas tendencias han impactado contra los opositores políticos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, instituciones políticas y migrantes, quienes enfrentan crecientes restricciones en un contexto de debilitamiento de las garantías democráticas y los derechos humanos en el país.
Si bien la violación hacia la libertad de expresión y de asociación es una constante en el mandato de Saied, este año su enfoque se centró especialmente en los opositores políticos y posibles candidatos presidenciales. En octubre de 2024, se celebraron las elecciones presidenciales precedidas por maniobras desleales del ejecutivo. Múltiples arrestos se llevaron a cabo contra miembros de partidos políticos críticos, a quienes se les negó representación letrada y fueron interrogados por la brigada antiterrorista bajo cargos de conspiración.
Sólo tres candidatos fueron aprobados para competir en las elecciones, entre ellos el actual presidente. Cabe destacar que el organismo encargado de aprobar las candidaturas, la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), está compuesto por funcionarios designados por el propio presidente, lo que atenta con su objetivo de imparcialidad y transparencia. Uno de los candidatos fue arrestado por realizar donaciones que supuestamente “influían a los votantes”; y muchos de los que presentaron sus candidaturas aún enfrentan acoso judicial, o están en proceso de enjuiciamiento, que probablemente termine en condena.
La ISIE no sólo apuntó hacia los candidatos, sino que también intentó controlar la cobertura de las elecciones en los medios de comunicación independientes. Según informó el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos, diversas emisoras de radio recibieron advertencias por supuestos insultos y burlas hacia la ISIE y el proceso electoral. Además, invocando el Decreto 54 sobre la “difusión de información falsa”, la ISIE presentó denuncias penales contra opositores y críticos, y negó las solicitudes de acreditación de ONGs observadoras de elecciones, como IWATCH.
Otra línea de continuidad es la represión y violación de los derechos humanos de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Túnez no es un lugar seguro para estas personas, quienes sufren acoso y represión gubernamental exacerbada por los discursos racistas y xenófobos de su ejecutivo,
lo que influye en el pensamiento popular. Además, a pesar de la insistencia internacional, el país aún carece de un sistema de asilo.
La externalización de la gestión de fronteras por parte de la Unión Europea hacia Túnez, cuyo objetivo es proteger la seguridad en el mar, se ha convertido en un instrumento que facilita la violación de derechos humanos de quienes buscan protección, socavando la integridad del sistema internacional de búsqueda y salvamento.
Algunas de las acciones cometidas por el gobierno tunecino han sido interceptaciones en el mar, detenciones arbitrarias y expulsiones colectivas ilegítimas en el desierto, sin agua ni recursos, lo que evidencia un desprecio por la vida de estas personas.
La firma del memorando de entendimiento que fortalece el papel de la Guardia Costera tunecina, sin establecer un sistema de seguimiento en derechos humanos ni asegurar que las personas rescatadas sean desembarcadas en un lugar seguro, hace que la Unión Europea sea cómplice de nuevas violaciones.
Finalmente, persiste la delicada situación económica del país. Túnez se enfrenta a mayores obligaciones de pago de deuda, que se combinan con altas tasas de interés en préstamos recientes. Kais Saied depende de los bancos tunecinos para obtener un crédito, pero esta estrategia inevitablemente afectará al crecimiento del país y devaluará su moneda. Estas cuestiones profundizan la inestabilidad económica de Túnez, alejando la posibilidad de cumplir con las promesas realizadas por el presidente desde 2019.
Sin lugar a dudas, Saied ha introducido cambios en el país, pero no los que la población esperaba. El objetivo principal de modificar el sistema político del país era mejorar el funcionamiento y eliminar los obstáculos al progreso. Sin embargo, con una clase política marginada y el poder concentrado en sus manos, la calidad de vida de los tunecinos no ha mejorado.
Inevitablemente la esperanza que el pueblo depositó en él se desvanece, lo cual se refleja en la baja participación que hubo en los comicios. Los resultados de estas elecciones no demuestran seguridad o legitimidad, sino tiranía. Ganar por 91% de votos no refleja popularidad, sino las ansías de poder y la voluntad de prolongar su permanencia en el cargo.
En última instancia, será el propio pueblo tunecino el que decidirá si permite el libre curso de estas continuidades o si, honrando los eventos de 2011, pone un alto a este nuevo ciclo de tiranía. Sólo