El pasado lunes 5 de noviembre entró en vigor la nueva ronda de sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. Con ellas, quedan reinstaladas todas las medidas que regían en 2015, y que fueron removidas luego del Acuerdo Nuclear.
Las sanciones afectan los intercambios en materia de energía y finanzas, determinan que cualquier compañía de nacionalidad norteamericana será castigada si hace negocios con una compañía que hace negocios con Irán, así como otras que refieren al sector bancario. El principal objetivo es llevar a cero las exportaciones de petróleo del país persa.
Sin embargo, Washington estableció una excepción hacia ocho países que no estarán por el momento sujetos a las mencionadas sanciones: China, Corea del Sur, Grecia, India, Italia, Japón, Taiwán y Turquía. El hecho de que cinco de ellos sean los principales consumidores de petróleo iraní (China siendo un mercado clave para Irán), ha generado ciertas críticas sobre gobierno de Trump respecto a la veracidad de la intención de ejercer “máxima presión” sobre Irán.
Los otros países firmantes del Acuerdo continúan con su postura de respetarlo. Desde la
Unión Europea, han comenzado incluso a diseñar un mecanismo de pago llamado Vehículo de Propósito Especial, que les permitiría manejar las transacciones con Irán utilizándolo como intermediario, evitando así un trato directo. Por su parte, Rusia también se ha mostrado dispuesto a brindar facilidades para la exportación del crudo iraní.
A pesar de los intentos por palear sus efectos, las sanciones seguramente afectarán, en mayor o menor medida, a una ya golpeada economía iraní.
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