Después de la toma del poder por parte del presidente Kais Saied hace dos años, las autoridades tunecinas han comenzado a adoptar medidas encaminadas a la represión y al encarcelamiento de opositores al régimen. Según Amnistía Internacional, no solo se persiguen a los críticos, sino que también se ha violado la independencia del poder judicial y se han desmantelado instituciones que salvaguardan los derechos humanos.
A través de diferentes decretos se han ido eliminando libertades fundamentales, duramente conseguidos por la ciudadanía, y se ha fomentado la represión y la impunidad. En este marco, el gobierno promueve la realización de investigaciones, muchas veces fraudulentas, y detenciones contra oponentes políticos considerados enemigos del presidente Saied.
En un caso de significativa repercusión, las autoridades abrieron una investigación penal contra 21 personas, entre las que se encontraban activistas, profesionales del derecho y empresarios, basándose en acusaciones infundadas de “conspiración contra el Estado” y, a la fecha, al menos 7 de ellas siguen detenidas arbitrariamente. A su vez, se ha atacado a miembros de Ennahda, el mayor partido de la oposición del país, iniciando investigaciones similares a sus miembros, 12 de los cuales están en prisión.
Asimismo, se han registrado juicios que atentaron contra la libertad de expresión, al establecer cargos por supuestos “insultos” o por la difusión de “noticias falsas”, que el derecho internacional no reconoce como delitos. Además, también se emitió el Decreto Ley 54 sobre ciberdelincuencia, que otorga a las autoridades extensas facultades para reprimir la libertad de expresión en la red de internet.
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