El miércoles 10 de junio, el Ministerio de Salud sirio anunció la necesidad de reforzar la alerta y controles por COVID-19 en todo el territorio, tras reportar 21 nuevos infectados en la localidad de Ras Al-Marah al norte de Damasco. Dichas personas habrían tenido contacto con un infectado procedente del exterior.
Tras la detección del brote en el territorio mencionado, las autoridades sanitarias decidieron aislar la ciudad e intensificar los controles médicos entre la población del lugar a fin de frenar un aumento de los infectados y la propagación de la pandemia en el resto del país. Las mismas acciones se habrían llevado a cabo con éxito en las ciudades de Sayyida Zeinab y Ain Minin en la provincia de Damasco, donde anteriormente hubo casos similares.
A este brote de infectados, se le suma la puesta en marcha de un nuevo paquete de sanciones hacia el gobierno de Bashar Al Assad por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que abarca a casi todos los sectores de la economía siria, previstas para el próximo 17 de junio. Dichas sanciones, denominadas “Ley César” fueron aprobadas en diciembre de 2019 por Donald Trump, y establecen sanciones y restricciones al régimen sirio y a todos los que brindan apoyo al mismo, como consecuencia de crímenes de guerra cometidos en el país árabe. 3
Teherán, uno de los principales aliados de Bashar Al Assad, ha salido a defensa del régimen planteando que dichas sanciones son inhumanas e ilegales. Asimismo, exige el levantamiento de todas las mismas y el cese de las “acciones desestabilizadores” por parte de Occidente para con Siria a fin de que el país logre abastecerse de todo lo necesario, sobre todo de insumos sanitarios, así como también, lograr restablecer su infraestructura dañada por años de conflicto.