El pasado lunes, Estados Unidos reafirmó nuevamente el bloqueo económico contra Siria mediante la llamada Ley César. Dicha ley autoriza la imposición de sanciones adicionales tanto al presidente sirio, Bashar al-Assad, como así también a los aliados extranjeros del país árabe y a las entidades financieras sirias.
El anuncio despertó la indignación del gobierno sirio quien, por medio de su Cancillería, envió un comunicado expresando su enérgica condena a la ley, alegando que constituye “una violación flagrante de los Derechos Humanos más básicos y del Derecho Internacional Humanitario, y hace que el gobierno estadounidense asuma la responsabilidad principal del sufrimiento de los sirios”.
Siguiendo esta línea, y a la luz de los acontecimientos acaecidos en los Estados Unidos en los últimos días, el gobierno sirio también afirmó que mientras el mundo está atravesando la pandemia del Coronavirus, “la administración estadounidense reprime a su pueblo y sigue ejerciendo una política racista y también persiste en su política dominante, arrogante y prepotente en la escena internacional”. Otro actor de la comunidad internacional que se 2 pronunció al respecto de las sanciones contra Siria y que considera seriamente extenderlas, es la Unión Europea. Desde su perspectiva, considera que el recrudecimiento de las mismas enviaría un fuerte mensaje al régimen el cual continúa desarrollando una política violenta, prolongando la deteriorada situación humanitaria.
Queda claro que las sanciones económicas adicionales llegan en un momento muy difícil para el gobierno sirio. En medio de la grave crisis que atraviesa el país, estas sanciones complican aún más los planes de reactivación económica y estructural que ha estado intentando llevar adelante el gobierno en los últimos meses.
Palabras clave: Siria, sanciones económicas, Ley César, COVID-19