Tras varios días de protestas en contra del régimen, el presidente sirio Bashar Al-Assad cesó mediante un decreto presidencial a su primer ministro, Imad Khamis, tras cuatros años en el cargo.
En las últimas semanas, se replicaron protestas en varias zonas del país especialmente en el sur. Entre las demandas de las manifestaciones se encuentran las consignas contra la corrupción, la mejora en la calidad de vida y la situación económica del país. Estas se dan en el marco de la creciente crisis económica y humanitaria que asola al país, a lo que se le suma la entrada en vigor de la denominada Ley César que el Congreso estadounidense aprobó en diciembre de 2019.
A través de dicha ley se prevé la aplicación de nuevas sanciones no solo contra el régimen sirio y sus allegados, sino que también se dirigirá contra entidades y agentes externos que realicen negocios en el país. Luego del avance y consiguiente toma de control por parte de Al-Assad del territorio sirio, la victoria militar es prácticamente un hecho. Frente a esto, Washington busca presionar al presidente sirio para que negocie, a la vez que busca limitar el accionar de los aliados extranjeros en la reconstrucción del Estado sirio. El Secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo que la imposición de este nuevo paquete de sanciones busca “promover la rendición de cuentas
por los actos brutales contra el pueblo sirio por parte del régimen de Al-Assad y sus aliados extranjeros”.
El nuevo régimen de sanciones dificulta aún más la compleja situación del país árabe en un contexto de pandemia mundial. En este marco, la libra siria sufrió una caída estrepitosa frente al dólar. Desde el gobierno sirio se manifestó que dicha medida implementada por Estados Unidos, representa una “nueva forma de terrorismo” contra la población siria.