Desde hace años Turquía transita un retorno islámico y conservador que es impulsado desde las cúpulas ejecutivas. La manifestación más reciente de dicho retorno es la salida de Ankara del “Convenio de Estambul”, firmado en 2011, emitido por el Consejo de Europa y ratificado por más de treinta países.
El Acuerdo tiene como objeto prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, incluso dentro del ámbito doméstico. El mismo establece que la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar constituyen una grave violación de los derechos humanos y una forma de discriminación, de la que los Estados son responsables si no responden de manera adecuada.
El Convenio sentó un precedente vital en tanto se convirtió en el primer instrumento legal con fuerza obligatoria de carácter internacional que creó un marco para combatir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, retiró a su país del acuerdo a través de un decreto presidencial sin otorgar mayores explicaciones.
Mientras las autoridades turcas explicaban que “garantizarán la protección de la mujer a través de otras leyes nacionales”, países occidentales, Naciones Unidas y los opositores de Erdoğan, solicitaron la reconsideración de la decisión y expresaron sus críticas sosteniendo que en Turquía “las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda clase”. 7
Por su parte, los conservadores defendieron la decisión concluyendo que el pacto dañaba la unidad familiar y fomentaba los divorcios.
La respuesta de la población fue la manifestación, en redes sociales y en el espacio público, exclamando que en un país donde hay 300 femicidios por año, los asesinatos de mujeres son cuestiones políticas y públicas, no privadas.