En las últimas dos semanas Irak se sumergió en una creciente crisis política y social, la cual no solo dejó un saldo de 93 muertos y miles de heridos sino que vino a romper con los esquemas de la aparente estabilidad que el nuevo gobierno estaba logrando alcanzar.
El papel pacificador que asumió el presidente Barham Salih y su primer ministro Adil Abdul-Mahd ante la comunidad internacional se vieron puestos a prueba frente a las manifestaciones del pueblo iraquí, el cual reclamaba por servicios públicos y el fin de la corrupción. Las mismas se tornaron en violentos enfrentamientos a causa de la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad.
Es a razón de estos disturbios que el pasado martes, Sabah Al-Okaidi quien es miembro del Comité de Integridad Parlamentaria anunció el propósito de llevar a cabo la formación del Consejo Supremo contra la Corrupción. El mismo sería efectuado dentro del propio parlamento, asignándole a este último la función de control. ‘’El Consejo Anticorrupción carece de base legal, pero estamos satisfechos con su formación para ayudar a las autoridades competentes a combatir la corrupción’’ fueron las palabras de Al- Okaidi.
Cabe destacar que en el marco del mencionado Consejo es donde, en medio de las protestas, se tomó la iniciativa de despedir a un millar de empleados y funcionarios 7 públicos acusados de cometer delitos contra la integridad de la población. Dentro de los cuales se debe hacer mención de ‘’el gasto de fondos públicos, perjudicar deliberadamente fondos públicos, fraude y otros delitos contra la integridad’’ afirmó el primer ministro iraquí, quien solicitó de urgencia y presidió la reunión en el Consejo.
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