2.8 millones de libios han sido registrados para votar en la Alta Comisión Electoral Nacional (HNEC, por sus siglas en inglés), la oficina organizadora de las elecciones previstas para el 24 de diciembre en Libia. Estas elecciones, presidenciales y parlamentarias, revisten una importancia central en el proceso político libio; constituyen una oportunidad para otorgar al país un liderazgo representativo y democrático que posea la legitimidad para unificar al país, dividido institucionalmente y atravesado por una década de conflicto abierto.
Sin embargo, diversos obstáculos interpuestos pueden poner en riesgo tanto al mismo acto electoral como el respeto por el resultado, lo que implicaría un retorno a la división y a la violencia armada. Las principales discrepancias se centran en torno a la falta de base constitucional y a la ley electoral, sancionada por la Cámara de Representantes (la cámara baja) de manera unilateral sin consultar con el Consejo de Estado Superior (la cámara alta). La misma fue impugnada y desconocida por sectores diversos, como el Consejo de Dignatarios de Misrata y el mismo Consejo de Estado Superior, entre otros. Los principales críticos refieren que la ley está hecha a la medida de Khalifa Haftar, el líder del Ejército Nacional Libio.
Al momento de realizarse las inscripciones de las candidaturas presidenciales, el HNEC también se vio envuelto en polémica por aceptar las candidaturas de Haftar y de Saif al-Islam Gaddafi, el hijo de Muammar Gaddafi. Haftar decidió probarse el traje de candidato luego de ser derrotado militarmente en las afueras de Trípoli a mediados del 2020 por las fuerzas turcas y las milicias 8 aliadas al Gobierno de Acuerdo Nacional; sobre él pesan acusaciones en Virginia, EEUU por crímenes de Guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Libia. Por su parte, Gaddafi tiene vigente una orden de búsqueda y arresto emitida por la Corte Penal Internacional desde 2011, tal como lo confirmó el vocero de la Corte, Fadi al-Abdullah.