Libia se ubica al norte de África y limita con el mar Mediterráneo, por tanto, se convierte en una de las rutas que transitan aquellas personas que intentan huir de las atrocidades que se comenten en sus países. El problema radica en que en el país africano hace años se construyeron centros de detención de migrantes que son controlados por el Ministerio del Interior de Libia y custodiados por las milicias del Gobierno del Acuerdo Nacional. Allí se alojan a cientos de migrantes en espacios hacinados, sin ventilación o agua potable. Así, las personas que transiten por suelo libio adquieren mayores grados de vulnerabilidad en tanto tienen se vuelven “objeto de homicidio y torturas, sufren detención arbitraria y privación ilegal de la libertad”, según un informe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, en inglés).
El informe sostiene que los migrantes retenidos son “sometidos sistemáticamente a la hambruna y a severas golpizas, son quemados con objetos metálicos calientes, electrocutados y sometidos a otras formas de maltrato para extorsionar a sus familias a través de un complejo sistema de transferencias de dinero”.
Las autoridades libias no diseñaron ningún tipo de política que intente abordar o subsanar el
problema porque suelen beneficiarse del mismo, debido a que los traficantes de personas y las milicias, una vez que interceptaron a los migrantes, los venden como mano de obra barata a dichas autoridades.
Esta información fue recabada y presentada ante el Consejo de Seguridad de ONU, allí el Secretario General, Antonio Guterres, demandó el cierre de los centros de detención de inmigrantes y solicitó que se considere inadmisible la permanencia de estos centros que sistemáticamente violan los derechos más básicos de las personas.
Palabras clave: Libia, centros de detenciones, migrantes, DDHH