Durante la 52ava. sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas llevada a cabo el 27 de marzo de 2023, Mohamed Auajjar, el presidente de la Misión Independiente de Investigación para Libia, presentó el informe final donde se dio cuenta de evidencia recabada sobre violaciones a los derechos humanos cometidos contra ciudadanos libios y contra migrantes y refugiados en territorio libio. Entre los casos relevados se encontraron delitos tales como: detención arbitraria, asesinatos, violaciones, torturas, esclavización y desaparición forzada, siendo la población migrante especialmente vulnerable a las redes de trata de personas.
En ese marco, la misión apuntó contra el rol desempeñado por la Unión Europea (UE) en la comisión de estos delitos, debido a la “estrecha cooperación” que mantiene con la Guardia Costera Libia, según relató el investigador Chaloka Beyani. Equipada, financiada y entrenada por la UE desde 2015, la Guardia Costera se ha dedicado a interceptar migrantes y refugiados en aguas del mar Mediterráneo y devolverlos a centros de detención en Libia; política contraria al derecho humanitario por no ser considerado “territorio seguro”.
Este cuerpo de seguridad marítima ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de 4 organizaciones humanitarias y expertos independientes por violaciones a los derechos humanos. Si bien la Misión de la ONU aportó nuevas evidencias, la situación no es reciente. En 2021 el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, había presentado un informe contundente en el cual daba cuenta de prácticas ilegales de las autoridades libias contra migrantes y refugiados, entre las cuales se destacaba el secuestro, asesinato y sus vínculos con el crimen organizado.