Las especulaciones, día tras día, se hacen realidad cuando hablamos de Túnez, y la suposición de que las elecciones de octubre no serán democráticas se refuerza con las decisiones tomadas por el gobierno. Tras confirmarse quiénes serán los candidatos de los próximos comicios, uno de ellos, Ayachi Zammel, fue detenido el pasado 4 de septiembre, acusado de “falsificación de firmas”. “Podríamos presenciar elecciones mientras los candidatos están en prisión”, declaró Romdhane Ben Omar, portavoz del Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales.
Esta política de detenciones, observada durante todo el mandato de Kais Saied, no sólo se dirige a personas del ámbito político y periodístico, sino que la campaña para la reelección del mandatario pone el foco en un tema de agenda como es la migración. El hecho de que Túnez sea uno de los principales puntos de partida para los migrantes provenientes de la África subsahariana, que se encuentran camino hacia Europa, presenta un desafío en términos económicos y sociales. A esto se suma la actitud del presidente tunecino hacia ellos, a quienes, en múltiples discursos, los atacó y tildó de amenaza para la sociedad. Desde mayo, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo deportaciones colectivas ilegales de refugiados y migrantes, desalojos forzosos, arrestos a propietarios que alquilan departamentos a migrantes sin permisos y detenciones.
La campaña represiva contra los migrantes y refugiados también se extiende hacia las organizaciones no gubernamentales tunecinas que les brindan asistencia. Se han cerrado oficinas, confiscado cuentas y detenido a miembros de 12 organizaciones bajo acusaciones inconsistentes.
Criminalizar y detener a quienes no coinciden con las ideas de quien está en el poder arrasa con los logros de la revolución, que alguna vez hicieron de Túnez un ejemplo democrático.