El 26 de mayo se realizó una nueva sesión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) sobre el conflicto político en Libia. Tanto la Secretaria General Adjunta Rosemary DiCarlo como los delegados de los países miembro del Consejo expusieron sus posturas sobre la situación del país norafricano.
Durante la sesión remarcaron la necesidad de superar el estancamiento de las negociaciones políticas entre los gobiernos rivales de Abdulhamid Dbeibah en Trípoli y Fathi Bashaga, designado por la Cámara de Representantes de Tobruk. La crisis de legitimidad política impacta negativamente en la precaria situación económica y social en el país y amenaza con romper el precario equilibrio entre ambas facciones. El fallido intento de Bashaga de ingresar a Trípoli el 17 de mayo, que provocó enfrentamientos con las milicias leales al Gobierno de Unidad Nacional implicó el riesgo de romper el acuerdo de cese al fuego firmado en 2020.
En su declaración, DiCarlo encomió los avances de la segunda ronda de consultas del Comité Conjunto que agrupa a la Cámara de Representantes y al Alto Consejo de Estado en El Cairo, donde se negocian los artículos para un nuevo borrador constitucional. A pesar de ello, la funcionaria resaltó la “preocupación que expresan las partes interesadas –nacionales e internacionales- por el continuo impasse en el ejecutivo.”
Por otro lado, la mayoría de los miembros del Consejo exigieron robustecer el mandato, el financiamiento y las capacidades de la Misión Especial de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL);
4 mientras las delegaciones de Kenia, Gabón y Ghana, apoyadas por los representantes de China y Rusia, sugirieron que el próximo Enviado Especial –quien todavía no fue designado- debería ser africano, en reemplazo de la estadounidense Stephanie Williams, quien está en funciones de manera interina hasta fines de junio.