En las próximas semanas Egipto será el anfitrión de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –más conocida como COP27–. La decisión de que la Conferencia de este año tuviese lugar en un país con al menos 65 mil presos políticos, el tercero del mundo en ejecuciones de penas de muerte y con una fuerte censura de prensa no pasó desapercibida.
En este sentido, desde la misma organización internacional se ha instado al país a que otorgue las condiciones necesarias para garantizar la participación de activistas y ONGs en la COP27. Si bien el gobierno afirmó que la inclusión de las mismas era una prioridad –y otorgó permiso a 35 organizaciones egipcias para participar–, ninguna de éstas es verdaderamente crítica del gobierno actual. En los últimos días activistas denunciaron el robo de información por parte del gobierno a través de la APP que lanzaron específicamente para la COP27, y advirtieron sobre el aumento de controles policiales y revisión de celulares en las calles. En términos de infraestructura, Sharm el- Sheikh –la ciudad anfitriona– es únicamente accesible por aire o por camino terrestre abarrotado de puestos de control, haciendo imposible el acceso a cualquier persona que no esté acreditada.
Frente a este escenario, y siendo acusado de greenwashing, El Cairo intentará hacer uso de la COP27 para limpiar y mejorar su imagen internacional. En términos de política exterior, la Conferencia representa una oportunidad para posicionarse como puente entre el Norte y el Sur Global en temas que ocupan los niveles más altos de la agenda internacional: cambio climático y seguridad energética. En este sentido, el descubrimiento de gas natural en Zohr, en un contexto
4 de crisis energética por la guerra ruso-ucraniana, convirtió a Egipto en un exportador neto de energía verde a Europa.
Palabras clave: Egipto – COP27 – derechos humanos – cambio climático