Tras la formación de la coalición que puso fin a la era Netanyahu, el Estado judío le bajó aún más la importancia al conflicto con los palestinos y continuó con el énfasis en su relación con Irán.
Sin embargo, Israel informó que 6 organizaciones de DDHH fueron calificadas como terroristas. Las mismas son acusadas de tener lazos con una pequeña facción terrorista de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Esta calificación le permitirá a Israel allanar las oficinas de los grupos, confiscar activos, arrestar empleados y criminalizar la financiación.
La decisión tomó por sorpresa tanto a EEUU como a Europa. Este último se ha esforzado durante muchos años para fortalecer a la sociedad civil palestina y es uno de las principales financistas de algunas de las organizaciones acusadas. En este contexto, la delegación de la Unión Europea ante la Autoridad Palestina afirmó que las acusaciones de usos indebidos de fondos "no han sido fundamentadas" pero expresó que están investigando el asunto.
Los 6 grupos acusados han negados sus relaciones con el FPLP y denuncian que la medida es un intento de aplastar los informes sobre abusos que pesan sobre Israel, principalmente, pero también contra la Autoridad Palestina.