El pasado 14 de septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en el que asegura que “la República Árabe Siria aún no ofrece un entorno seguro y estable para el retorno sostenible y digno de los refugiados, ni para los 6,7 millones de desplazados dentro del país”.
El informe expone conclusiones extraídas de documentos oficiales sirios, informes, fotografías e imágenes satelitales provenientes de diversas fuentes, acerca de los incidentes ocurridos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 en zonas controladas por el Gobierno; en Idlib y el oeste de Alepo, en el norte de Alepo y Ras al-Ayn, y en el nordeste de la República Árabe Siria. El documento pone de manifiesto el empeoramiento de la violencia en la región, las continuas violaciones a los derechos humanos, los signos de una economía en colapso y el aumento de los ataques militares de Estado Islámico.
En relación con los campamentos de Al-Hawl y Roj, el informe sostiene que las condiciones de los campamentos sugieren claramente que se están violando los derechos humanos más básicos de las personas confinadas allí, como el derecho a la salud y a la alimentación. Es importante mencionar que en Al-Hawl cerca de 60.000 personas, entre ellas 55.000 mujeres y niños, permanecen retenidas desde la ofensiva de Baguz de 2019; mientras que en Roj residen actualmente aproximadamente 2.700 personas, principalmente extranjeras, incluidos más de 1.500 niños. 4 Finalmente, la Comisión ofrece una serie de recomendaciones a los Estados Miembros de la ONU que facilitarían la prestación de ayuda humanitaria, especialmente en el “contexto de crisis económica, la inseguridad alimentaria y la pandemia de COVID-19”, en palabras del informe.