A pesar del reciente acuerdo alcanzado por el Comité Conjunto 6+6, Khalifa Haftar, jefe del Ejército Nacional Libio (ENL), puso en segundo plano cualquier acuerdo político e insistió en la “justa distribución” de los ingresos del petróleo. El reclamo de Haftar es apoyado también por Osama Hamad, jefe del gobierno paralelo con base en Tobruk, que amenazó con bloquear las exportaciones.
Las rentas por la exportación de petróleo son la principal fuente de ingresos en Libia, y un factor fundamental en las disputas por el poder. Actualmente, esos recursos son administrados por la National Oil Corporation (NOC) y el Banco Central, ambos ubicados en Trípoli y bajo el control del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Dbeibé.
La controversia surge en un contexto de sospechas de corrupción por parte del gobierno de Dbeibé. En 2021 se había acordado que el presupuesto del gobierno nacional sea utilizado únicamente para costear servicios básicos y pagar salarios, pero la aprobación de grandes y costosos proyectos de infraestructura son vistos por la oposición como un intento del GUN de ganar el apoyo del pueblo libio de cara a eventuales elecciones.
Los reclamos de Haftar y la amenaza de utilizar el ENL para obligar la redistribución más tardar a fines de agosto, también pueden considerarse una maniobra política para forzar la conformación de un nuevo gobierno, retrasar las elecciones y prolongarse en el poder.
En respuesta a los reclamos, el jefe del Banco Central libio, con el Jefe del Consejo Presidencial, el Jefe del GUN y el presidente de la Junta Directiva de la NOC aprobaron la conformación de un Alto Comité Financiero que vele por la transparencia y la divulgación de todos los ingresos recaudados por la exportación de petróleo y los contratos tomados por la NOC.