Ha pasado más de un mes desde que los rebeldes hutíes y la coalición gubernamental acordaron un cese de hostilidades a nivel nacional por dos meses - con opción de renovarlo por dos más. En líneas generales fue acatado, significando un logro, ya que desde 2016 no se lograba un alto al fuego de esa magnitud. Asimismo, las partes manifestaron su deseo de intercambiar prisioneros.
En este mes, el tablero político yemení se movió vertiginosamente. En el bloque oficialista, el presidente Mansour Hadi renunció a su cargo, cediéndole el poder al Consejo de Liderazgo Presidencial, liderado por Rashad Al-Alimi – cercano al partido islamista yemení Al Islah- junto a otros siete referentes de la -frágil- coalición, como líderes separatistas sureños y gobernadores locales. Como parte de sus primeras medidas, Al-Alimi viajo a Riad y Abu Dabi, para reunirse con los mandatarios saudíes y emiratíes quienes son sus principales apoyos externos.
Sin embargo, los avances son lentos: los combates en la provincia de Marib no cesaron completamente, el puerto de Hodeida no fue liberado en su totalidad y no se reanudaron los vuelos comerciales desde el aeropuerto de Sana. Mientras que las partes se culpan mutuamente, la realidad es que, para finalizar el conflicto es necesario una serie de difíciles acuerdos entre los actores yemeníes y también entre Arabia Saudita e Irán. Aunque todos apoyan la salida política, nadie está dispuesto a ceder en temas claves.
No obstante, la tregua es aire fresco para la crisis humanitaria, permitiendo llegar con asistencia a regiones que estaban bajo el fuego. Esto cobra mayor relevancia un contexto de agravamiento de
las condiciones de la población, en el que 23 millones de personas – un aumento de 3 millones desde 2021- necesitan de la asistencia internacional para sobrevivir.