El sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos sobre el territorio iraní, sacudiendo no sólo al país, sino a la región de Medio Oriente y al mundo entero. Dichas operaciones, conocidas bajo el nombre de Epic Fury –en EE. UU.– y Roaring Lion –en Israel–, abrieron una crisis de seguridad que excede con creces los límites del conflicto bilateral. En cuestión de días, Medio Oriente se convirtió en el epicentro de una escalada multidimensional: misiles y drones sobre bases estadounidenses en el Golfo; el cierre declarado del Estrecho de Ormuz; una crisis humanitaria que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) describió como de arrastre regional; y un frente cibernético activo desde antes incluso de que cayera la primera bomba. Pese a que Trump declaró que la operación militar duraría tan sólo cuatro o cinco días, la ofensiva derivó, en menos de dos semanas, en un conflicto con ramificaciones militares, energéticas, humanitarias, diplomáticas y tecnológicas.
Los intentos de regionalización del conflicto
La respuesta de Irán incluyó el ataque a bases de EE. UU. en los países del Golfo, tales como Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Arabia Saudita e Irak, adquiriendo esta guerra dimensiones regionales. Asimismo, las ofensivas iraníes se extendieron hasta las bases británicas en Chipre, Turquía y Azerbaiyán. Otros blancos de ataque fueron las instalaciones petroleras de los países del Golfo, particularmente en EAU y Arabia Saudita. En relación a este último país, las operaciones sobre el territorio saudí introdujeron una nueva arista en el conflicto: la posible intervención de Pakistán. Debe recordarse que, en septiembre de 2025, Riad e Islamabad firmaron un pacto de defensa mutua, el cual estipulaba que si una de las partes era atacada, la otra saldría en su defensa. Frente a la posibilidad de que Arabia Saudita invoque este pacto –y gracias a la presión pakistaní–, los ataques no escalaron a mayores, con Irán concentrándose, principalmente, en Israel y EAU.
Los medios también informan de ataques de falsa bandera, es decir, llevados a cabo por la contraparte israelí con el objetivo de arrastrar a más países a la guerra contra Irán. Además, Israel también lanzó una ofensiva contra el sur del Líbano, extendiendo la guerra a este país –y dejando un saldo de más de 700.000 desplazados–. Así, se observa un claro intento de regionalización del conflicto por parte de ambos bandos, buscando introducir no sólo a los demás países de la región en la guerra, sino también a las potencias extrarregionales, ya que Trump pidió a Francia y Reino Unido que envíen buques a la región y al Estrecho de Ormuz.
Más allá de la cinética: el uso del ciberespacio en la guerra
Horas antes de que los primeros aviones sobrevolaran el territorio iraní, el Comando Cibernético de Estados Unidos ya había lanzado operaciones tecnológicas orientadas a degradar la capacidad iraní de ver, comunicar y responder. El propio General Dan Caine, presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, confirmó en conferencia de prensa que el Comando Cibernético y el Comando Espacial fueron los primeros en moverse, ejecutando efectos no cinéticos antes de que comenzaran los bombardeos. Es decir, se llevaron adelante operaciones que disrumpieron las redes de comunicación y los sistemas de sensores iraníes, dejando al adversario sin capacidad de coordinar una respuesta efectiva. Es la primera vez que un funcionario militar estadounidense de alto rango no sólo admite sino que reivindica públicamente el uso del ciberespacio como primer eslabón de una cadena de guerra convencional.
Frente a ello, la represalia iraní en el ciberespacio no tardó en organizarse. El mismo 28 de febrero se constituyó la denominada Sala de Operaciones Electrónicas, desde la cual se coordinaron decenas de grupos hackers con distinto grado de vinculación estatal. El episodio más significativo ocurrió el 11 de marzo: el grupo Handala, vinculado al Ministerio de Inteligencia iraní, atacó a Stryker Corporation (empresa estadounidense de tecnología médica con presencia en 79 países) y logró borrar de forma remota más de 200.000 dispositivos mediante el abuso de una plataforma de gestión remota de Microsoft, paralizando operaciones en múltiples continentes. Los ataques se extendieron también a infraestructura hídrica y de telecomunicaciones en Israel, sistemas de gobierno en Kuwait, Qatar y Jordania y, el 12 de marzo, alcanzaron por primera vez un objetivo europeo: en esta ocasión, la Agencia Nacional de Impuestos de Rumania fue interrumpida durante una hora, en represalia por declaraciones del presidente rumano sobre el acceso estadounidense a bases militares en el territorio nacional. La elección de los blancos iraníes (hospitales, infraestructura hídrica, empresas con contratos de defensa) refleja una estrategia de buscar maximizar el impacto sobre la sociedad civil sin necesidad de confrontación militar directa.
Nuevos cuestionamientos al derecho internacional
Las negociaciones fallidas entre EE. UU. e Irán que tuvieron lugar en Ginebra el 26 de febrero –dos días antes de los ataques– parece haber sido el detonante para la nueva escalada de violencia en este conflicto. A pesar de la mediación de Omán y los escuetos avances que registraron las mismas, finalmente éstas fracasaron por la negativa iraní a detener no sólo su programa nuclear, sino también su programa misilístico –tal y como pedía la delegación estadounidense–.
La ofensiva de Washington y Tel Aviv contra Teherán, que comenzó dos días después, así como la respuesta iraní, puede interpretarse como el cierre –al menos temporariamente– de los canales diplomáticos para resolver este conflicto, y el inicio del uso de la fuerza como medio para cumplir con los objetivos de política exterior. Esto se ve reforzado, además, por los ataques contra los locales de misiones diplomáticas estadounidenses en países como Arabia Saudita e Irak, ya que las sedes de las embajadas gozan, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, de total inviolabilidad.
Y es que, una vez más, el derecho internacional parece haber sido olvidado. En primer lugar, en el caso de Israel, el ataque ejecutado no responde a la lógica de legítima defensa, sino que más bien lanzó junto con EE. UU. un ataque preemptivo para no sólo evitar una hipotética ofensiva por parte de Irán, sino también para detener el programa nuclear iraní mediante el uso de la fuerza sin apoyo de las naciones parte de la ONU. Además, no puede soslayarse el papel de Washington en este escenario que en términos de Walt (2026), está actuando bajo la lógica de la “hegemonía predatoria”. Desde la óptica estadounidense, el país goza de influencia sobre todos los países del mundo y, por ello, se vale de su posición privilegiada de poder para eludir todo marco normativo existente. Con los ataques, violó uno de los principios centrales contemplados en la Carta de la ONU: la abstención de recurrir al uso de la fuerza (artículo 2.4).
En esta línea, el Consejo de Seguridad convocó a una reunión de emergencia para tratar el asunto. Sin embargo, el resultado de la misma fue la aprobación, el 11 de marzo, de una resolución que sólo condena los ataques iraníes contra los países del Golfo, evitando mención alguno de Israel y EE. UU. Por su parte, el proyecto de resolución ruso que instaba a “todas las partes a detener inmediatamente sus actividades militares y abstenerse de una mayor escalada en Medio Oriente y más allá” no contó con el apoyo necesario para ser aprobado.
El estrecho vínculo entre seguridad y energía
Si bien el Estrecho de Ormuz es controlado por EAU, Omán e Irán, Teherán cerró el paso por el mismo a pocos días del comienzo de la guerra y declaró que cualquier buque que intentara cruzar el estrecho sería rápidamente atacado. Así, se redujo en un 92% la cantidad de buques que transitan el estrecho y, además, se produjo un aumento del temor frente a una posible crisis energética: por Ormuz pasa el 20% del comercio marítimo mundial. Sumado a ello, los países del Golfo son altamente dependientes de las exportaciones de petróleo que atraviesan este paso estratégico, y pese a que existen alternativas para “burlar” el bloqueo (tales como el Oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que permite llegar al mar Rojo y exportar el crudo sin pasar por Ormuz), también se teme un cuello de botella –y eventual cierre– de otros pasos marítimos, tales como el Estrecho de Bab El-Mandeb. China y Europa también se ven gravemente afectados: China depende de las importaciones del crudo de Ormuz, y Europa, que ya sufre las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora debe enfrentarse a esta nueva crisis regional y energética (sumado al aumento de los precios del GNL por parte de Qatar).
Ante esta situación, prontamente EE. UU. autorizó la compra de petróleo ruso –uno de los principales “ganadores” del conflicto– para eludir el cierre de Ormuz. Además, Trump ha instado a los países europeos y a Australia a que envíen buques a Ormuz para lograr su reapertura. Todo esto se da en el marco del aumento de los precios del crudo, que llegó, por primera vez en cinco décadas, a los tres dígitos.
Conclusiones
Los eventos que comenzaron el 28 de febrero abrieron un nuevo capítulo en el persistente conflicto entre Irán y EE. UU. Un conflicto que desde sus inicios tuvo poco de bilateral y que hoy más que nunca parece mostrar su implicancia directa para el orden regional e internacional. Estas últimas semanas se han puesto a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones multilaterales y se han redibujado los límites entre conflicto regional y confrontación global. Por último, también han surgido preguntas al respecto de cuestiones que aún no tienen respuesta como los marcos normativos que rigen (o deberían regir) el uso de la fuerza en el ciberespacio, la protección de la población civil en contextos de guerra híbrida, y el papel de las potencias medias y grandes en la gestión de una crisis que ningún actor parece tener interés genuino en desescalar.
MG. VERONA FIDELEFF, SANTIAGO MASELLO Y LUCILA SAPP