El vínculo entre la República Argentina y la República Islámica de Irán viene tensionado desde principios de abril del presente año, cuando la fiscalía del país sudamericano requirió a la Justicia una orden de captura internacional contra el Líder Supremo de Irán, Ali Khamenei. La solicitud fue presentada por Sebastián Basso, titular de la fiscalía, en el marco de la extensa investigación de los atentados a la AMIA y la DAIA –sedes de las sociedades israelíes en Argentina-, ocurridos en 1994.
Khamenei es la figura política y religiosa más importante del país, quien cuenta con la autoridad final para decidir en cuestiones claves referidas al Estado, la política exterior y las Fuerzas Armadas. Ocupa ese cargo desde 1989, luego de que falleciera Ruhollah Jomeini, primer Líder Supremo de Irán después de la Revolución Islámica de 1979.
Este hecho provocó reacciones en la cúpula política de Teherán. El director general de Asuntos de América de la Cancillería de Irán, Isa Kameli, entregó una nota de protesta al representante diplomático argentino en su país, Mariano Jordán, en la que se expresa una “enérgica condena” por las acusaciones a su máxima autoridad, consideradas “infundadas”. El funcionario iraní afirmó que el caso está politizado por la estrecha relación que mantiene el gobierno argentino con el régimen sionista. Por su parte, Basso aseguró que “la acusación se sustenta en que fue una orden de Irán, porque cualquier actividad que hace Irán en el exterior la tiene que autorizar el Líder Supremo”.
La tensión escaló aún más en tanto las autoridades iraníes afirmaron que esta medida “viola los principios y normas fundamentales del Derecho Internacional”, además de sentar un precedente preocupante en las relaciones entre ambos países. Por último, advirtieron al gobierno argentino que debería rectificarse “o enfrentar consecuencias jurídicas y políticas”.