Si bien el anuncio de que las elecciones tunecinas se celebrarán el 6 de octubre de 2024 debería tener un efecto esperanzador, la realidad es que la noticia emerge en un contexto hostil para la política del país. Mientras el presidente Kais Saied comunica la fecha elegida, una gran cantidad de opositores y críticos se encuentran encarcelados.
El actual presidente asumió su mandato en 2019 como un outsider que llegaba para combatir la corrupción. Sus políticas llevaron a que tomara el control del país en 2021, destituyendo al parlamento y gobernando por decreto. Las medidas fueron reforzadas con la redacción de una nueva constitución, que fue aprobada por referéndum en 2022. Todo ello se complementa con una ofensiva hacia periodistas, sindicalistas, abogados y políticos de partidos de oposición, como Ennahda y el Partido Constitucional Libre, acusados y procesados por poner en peligro la seguridad de la nación o por situaciones de fraude. Se espera que Saied se postule para una reelección; por lo tanto, está apuntando a personalidades que podrían ser potenciales rivales en su carrera presidencial.
Desde Amnistía Internacional se describe la situación como preocupante y una amenaza a los Derechos Humanos. Esto también ha llevado a que familiares de opositores encarcelados soliciten a la Corte Penal Internacional (CPI) abrir una investigación sobre la persecución política y las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el gobierno. Se afirma que han sido encarcelados ilegalmente y que están sometidos a condiciones insalubres. Frente a la falta de justicia en el sistema actual de Túnez, debido al control ejercido por Saied sobre el poder judicial, se solicita la intervención del tribunal obviando la necesidad de obtener una remisión de un Estado miembro o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.