Frente a las elecciones que se celebrarán en octubre de 2024, el clima político de Túnez denota tensión y frustración. Numerosos ciudadanos se han postulado para los próximos comicios. Sin embargo, la esperanza de quienes confían en el sistema tropieza con los obstáculos impuestos por el gobierno. Esto es evidente en el listado “preliminar” de candidatos presentado por el Órgano Superior Electoral Independiente de Túnez. De los 17 candidatos, solo tres fueron aprobados, y uno de ellos es Kais Saied, el actual presidente.
Los otros dos candidatos aprobados son el secretario del Movimiento Al Chaab, Zouhair Maghzaoui, y el líder del partido Azimoun, Ayachi Zammel. Días antes del anuncio, un tribunal tunecino condenó a tres opositores a ochos meses de prisión, sumándose así a la larga lista de arrestados y procesados.
Una cuestión que genera tensión y preocupación tanto a los organismos internacionales como a los periodistas es que la celebración de las elecciones cataliza la deriva autoritaria del gobierno. La ONG Freedom House alertó sobre el notable descenso de Túnez en libertades civiles, especialmente en la libertad de expresión, debido a que el Decreto 54 permite al gobierno criminalizar la difusión de información que considere falsa.
Human Rights Watch (HRW) publicó un informe que señala el “vaciado” del panorama mediático en Túnez, ya que los programas de cobertura política y de debate, que ofrecían un espacio para el intercambio de ideas y exigían al gobierno rendición de cuentas, fueron reemplazados por programas de entretenimiento y estilo de vida.
Las alternativas no sólo enfrentan un camino difícil para cambiar el destino del país, sino que tampoco se cuentan con los medios para iniciar ese camino. La situación se resume en censura e intimidación.