El 23 de abril pasado, el gobierno de Arabia Saudita ejecutó a 37 prisioneros encontrados culpables de cometer actividades terroristas en el país. Amnistía Internacional ha vuelto a denunciar lo ocurrido, considerándolo una escalada alarmante de la pena capital, agravada por lo que entiende una utilización manifiesta como instrumento político de supresión de disenso a la comunidad chiita del país, y la violación de los estándares internacionales necesario para un proceso justo.
Las múltiples voces que desde Europa y Estados Unidos reclaman sanciones a lo que consideran una política de violación sistemática de los derechos humanos, civiles y políticos de los ciudadanos sauditas han encontrado respuestas elusivas, plegadas a las acciones desarrolladas desde Riad con el fin de rehabilitar la imagen internacional del príncipe Mohamed bin Salmán y sus políticas de gobierno en pos de impulsar el crecimiento económico del país.
Los grandes grupos económicos internacionales han cabildeado fuertemente para apalancar este proceso, considerando que la riqueza petrolífera del país y la promesa de habilitar consultorías externas para el plan de reformas que impulsa el príncipe son demasiado valiosas para sus carteras de negocios. En 2017, la purga del Hotel Ritz- 6 Carlton de 2017 hizo tambalear la confianza de los titanes financieros en el gobierno saudita, y generó la atmósfera necesaria para amplificar la resonancia del crimen de Khashoggi en los flujos de inversión hacia el país.
Sin embargo, estos mismos grupos han demostrado que están dispuestos a dar vuelta la página. Reunidos en Riad un día después de la ejecución masiva de prisioneros para la Conferencia del Sector Financiero, pretenden acompañar y acelerar el proceso de reformas iniciado por el príncipe.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/saudi-arabia-37-put-to-death-in- shocking-execution-spree/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-24/hsbc-ceo-fink-tell-saudis-future-is- bright-post-khashoggi-furor