El 14 de junio, el Tribunal de Casación de Egipto confirmó las condenas a muerte de 12 figuras de la Hermandad Musulmana como parte de un juicio masivo de cientos de personas acusadas por una serie manifestaciones antigubernamentales que se desarrollaron en 2013.
En ese entonces, había sido derrocado el primer presidente egipcio elegido democráticamente, Mohammed Morsi. Sus partidarios, alineados con la Hermandad Musulmana, organizaron sentadas en las plazas más importantes de El Cairo. Poco tiempo después, las fuerzas de seguridad egipcias dispersaron a la multitud, arrestaron a cientos de personas y mataron a 800 manifestantes en un solo día, según Amnistía Internacional.
La Hermandad Musulmana, de la cual Morsi fue una figura clave, es considerada una organización terrorista por el actual gobierno de Egipto, actor que ha supervisado una represión considerable, encarcelando a varios de sus partidarios.
Los condenados a muerte estaban acusados de asesinato de policías, resistencia a las autoridades y por ocupación y destrucción de bienes públicos, según el tribunal. Las penas de muertes, establecidas sin ninguna garantía legal, no pueden ser apeladas.
En este sentido, Philip Luther, director de investigación y defensa de Amnistía Internacional para Oriente Medio, calificó las penas de muerte como "una mancha en la reputación del tribunal de apelaciones más alto de Egipto" que "arroja una sombra oscura sobre todo el sistema judicial del 5 país". Lutero pidió a Egipto que "establezca una moratoria oficial de las ejecuciones" y que tome medidas para pedir cuentas a los autores de la masacre de 2013.
Según Amnistía, Egipto en 2020 2020 triplicó su número de ejecuciones anuales y en lo que va del 2021, 51 personas han sido ejecutadas.