El 4 de agosto tuvo lugar una masiva explosión en un depósito de nitrato de amonio, almacenado de forma insegura, en la zona del puerto de Beirut. La misma dejó como saldo cientos de muertos, miles de heridos y una ciudad devastada, con alrededor de 300.000 personas sin hogar.
Desde ese instante, la crisis económica, política y social que hace décadas atraviesa el país aumentó a niveles exponenciales. Tanto es así qué, apenas una semana después del trágico día y en medio de intensas manifestaciones, el Primer Ministro Hassan Diab, hizo pública la renuncia del gobierno expresando: ‘’Hoy respondemos al deseo de los ciudadanos de exigir transparencia a quienes han sido responsables del desastre que ha estado oculto durante siete años y a su deseo de un cambio real. Frente a esta realidad... anuncio la dimisión de este gobierno’’. Seguido a esta declaración hizo referencia a los desastres a los cuales se está condenado cuando la corrupción envuelve a la élite gobernante de un país.
Por otro lado, los ministros de Información, Justicia y Ambiente presentaron sus respectivas renuncias a lo largo del fin de semana, previo a las declaraciones del Primer Ministro Diab. Cabe destacar que su gobierno había sido recientemente formado en enero pasado con el soporte de Hezbollah, milicia pro-iraní. 2
Tras la dimisión, es el Parlamento el que deberá elegir al nuevo Primer Ministro, pasando por un proceso influenciado por políticas sectarias, causa de los males que Líbano atraviesa. Funcionarios y políticos son protegidos por las facciones a las que pertenecen, ya sean cristianos, chiitas, sunitas o drusos. Y estas a la vez son protegidas y respaldadas por sus instituciones religiosas.
Si bien el nuevo gobierno aún no está definido, la sociedad libanesa está decidida a hacerse escuchar. Y el gobierno entrante no podrá hacer oídos sordos a la explosión, pero ahora social.