Si bien en los últimos años los tunecinos disidentes con el mandato de Kais Saied ya venían experimentando un clima hostil para la expresión de sus opiniones, la reciente condena del Tribunal de Túnez ha redoblado la apuesta. Alrededor de 40 opositores, que se encontraban en prisión preventiva desde hace dos años, fueron informados que sobre ellos recae una condena que va desde los 13 hasta los 66 años de prisión.
La sentencia responde a una supuesta conspiración contra la seguridad del Estado y a la acusación de pertenecer a grupos terroristas. El mandatario ha calificado de “traidores y terroristas” a ex diplomáticos, empresarios, abogados, periodistas y activistas de derechos humanos que criticaron las medidas adoptadas desde que asumió el poder.
Desde la Unión Europea (UE) se “toma nota” de estas escandalosas condenas y se señalan las “controversias” denunciadas durante el procedimiento judicial. Asimismo, se recuerda la importancia de la libertad de expresión, del respeto al derecho a un juicio justo y de las garantías procesales. Organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) se suman a las alertas, declarando que el país ha ampliado el uso de arrestos arbitrarios y procesamientos por motivos políticos para silenciar las voces disidentes.
Pese a las críticas de países y organismos internacionales, y a la constatación de que Túnez continúa cometiendo violaciones a los derechos humanos, esto no impide que la UE siga buscando concretar sus intereses. Prueba de ello es que ha incluido a Túnez en una primera lista europea de “países de origen seguros” para agilizar los retornos de migrantes cuyas solicitudes de asilo probablemente sean rechazadas. Cabe recordar, además, que en 2023 la UE y Túnez acordaron una asociación estratégica, mediante la cual se envía dinero a las autoridades del país magrebí para, entre otras cosas, el control de fronteras y el retorno de migrantes subsaharianos.