El caso Khashoggi significó un parteaguas en lo que respecta a la venta de armas por parte de Occidente al Reino. Mientras que países como Alemania se mostraron firmes en la suspensión de la venta de armas a Riad, Canadá no sólo las mantuvo, sino que aumentaron durante 2019, generando indignación y cuestionamientos al gobierno.
Al ejecutivo canadiense no le faltan motivos para romper el acuerdo: desde la guerra en Yemen, hasta informes de 2017 que afirmaban que las fuerzas sauditas parecían estar utilizando vehículos blindados ligeros de fabricación canadiense en una operación de seguridad en las Provincias del Este, donde se concentra la población chiita. Asimismo, estos hechos reflejan una manifiesta violación al Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU que establece: “Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales (...) si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949”.
Si bien el oneroso acuerdo comenzó bajo el gobierno conservador de Harper, Trudeau continuó vendiendo hardware militar a Riad, a pesar de criticar duramente su pobre historial de DDHH y colocar una moratoria sobre cualquier nueva exportación al Reino. En este sentido, las palabras de 6 Mark Kersten ilustran la indignación de numerosos grupos de la sociedad canadiense: “Me cuesta saber qué significa 'moratoria' para este gobierno, porque para mí, cuando hay una moratoria sobre algo, no puedes aumentar las ventas de esa cosa. Y es exactamente lo que parece haber sucedido”. Lo cierto es que a medida que la crisis económica mundial se agudiza en un contexto de pandemia, el pragmatismo aparece y los DDHH pasan a un segundo plano. Y Canadá no fue la excepción.
Palabras clave: Canadá, embargo, DDHH