Agosto fue testigo de un conflicto público entre Canadá y Arabia Saudita, originado por los mensajes en Twitter del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá y por Crysthia Freeland, su titular. Canadá reclamaba la liberación de activistas a favor de los derechos humanos en el país del Golfo. Fueron interpretadas por Riad como una interferencia en sus asuntos internos.
Como consecuencia, la Monarquía decidió suspender las relaciones con Ottawa, expulsando al embajador canadiense de la capital y pidiendo al suyo que regrese al país. Anunció la suspensión de los vuelos directos de la empresa estatal Saudia a Toronto desde el 13 de agosto. Envió instrucciones a ciudadanos sauditas que estudian en el país norteamericano para que sean reubicados en otros destinos. Cerró los programas de tratamiento médico en Canadá y comenzó a gestionar el traslado de pacientes nacionales a hospitales de otros países. Las presiones económicas incluyeron el anuncio del fin de la compra de trigo y cebada canadienses y la orden de venta de todos los activos canadienses.
A pesar de que el comercio entre ambos Estados representa sólo 3.000 millones de dólares
al año, la Monarquía es la tercera fuente de importación de crudo para Canadá. Por su parte, Ottawa puede usar como poder de presión el acuerdo de armamentos que tiene con Riad, de 12 mil millones de dólares para vehículos de combate de Infantería, cuyo principal objetivo es cubrir el despliegue saudita en Yemen.
El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, mantiene una fuerte postura y no ha cedido a los reclamos sauditas, asegurando que “Seguimos comprometidos diplomática y políticamente con el Gobierno de Arabia Saudita, pero Canadá siempre hablará con fuerza, en público y en privado, sobre temas de derechos humanos”.
https://elpais.com/internacional/2018/08/09/america/1533786508_452441.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/08/saudi-arabia-diplomacy-costs.html