La Organización Mundial de la Salud brinda claras recomendaciones sobre cómo disminuir el contagio del COVID-19 y evitar un brote epidémico, las cuales se basan principalmente en mantener el distanciamiento social y en higienizar constantemente las manos.
Sin embargo, para las 70,8 millones de personas en el mundo que se encuentran desplazadas o refugiadas, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), estas básicas recomendaciones no pueden ser cumplidas.
Esta compleja situación se ve reflejada en la región de Medio Oriente y el Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés), en donde existen amplios campos de refugiados en países como Turquía, Irak, Jordania, Etiopía, la Franja de Gaza y Sudán del Sur. Allí las condiciones de salubridad son nulas, mientras que las de hacinamiento son altas, de manera que lograr disponer y mantener las restricciones de movilidad y las condiciones de sanidad es especialmente dificultoso.
Según Médicos Sin Fronteras, en el MENA existen campos de refugiados en donde un solo grifo de agua es compartido por más de 1000 personas y solo un 43% de los campamentos pueden brindar la cantidad de agua necesaria para que las personas puedan higienizarse adecuadamente. 8
Con escaso acceso a los alimentos, el agua, la asistencia médica y con una infraestructura destruida, los campos de refugiados y desplazados dependen de la ayuda de organizaciones como ACNUR, que paralelamente dependen de la voluntad y recursos de los gobiernos nacionales. Si bien actores como la Unión Europea brindaron más de 200 millones de euros para mejorar la atención sanitaria de refugiados y desplazados, la cifra es lejana a los 745 millones de dólares que precisa ACNUR para responder eficientemente al COVID-19 y reducir el impacto del virus en las comunidades más vulnerables.