Presionado por la política doméstica y el período electoral en los EEUU, el presidente Joe Biden se encuentra inmiscuido en la iniciativa de cese al fuego en Gaza, presentada ante Israel y Hamás a fines de mayo. El plan cuenta con tres fases: la primera establece un alto al fuego de seis semanas, una primera liberación de rehenes y el retiro de fuerzas israelíes de zonas densamente pobladas de Gaza, junto a un incremento de ayuda humanitaria. La segunda conllevaría un fin de hostilidades permanente observado por las partes, la liberación de la totalidad de los rehenes capturados en octubre del 2023, y el retiro completo de Israel de Gaza. La tercera apunta a diseñar un plan de reconstrucción de Gaza -severamente destruida en los ocho meses que lleva la ofensiva israelí-.
Sin embargo, no está garantizada la aceptación del plan de Biden. El sábado 1 de junio, la Oficina del Primer Ministro de Israel emitió una declaración donde sostuvo que debían cumplirse sus objetivos antes de considerar un cese al fuego permanente. Entre ellos, la liberación de todos los rehenes, la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, y el reaseguro de que Gaza no constituya una amenaza para Israel.
Con el fin de presionar a las partes en torno a un compromiso, la Casa Blanca envió mediadores a la región. El día 4 de junio, el coordinador para Medio Oriente, Brett McGurk, viajó a Egipto, mientras que el director de la CIA, William Burns, a Qatar. Se esperaba que finalicen su ronda en Israel.
No obstante, a largo plazo, el compromiso estadounidense con su principal aliado en la región permanece inalterable. La misma semana, el Ministerio de Defensa israelí firmó la carta de aceptación para adquirir 25 aeronaves F-35, fabricadas por la empresa estadounidense Lockheed Martin, una transacción estimada en unos USD 3000 millones. La adquisición comenzaría en 2028 en un esquema de entregas anual, dotando a la Fuerza Aérea de 75 cazas F-35.