Durante todo el mes de Agosto se evidencio un recrudecimiento de hostilidades por parte de Turquía en la frontera norte y este de Siria que se cobraron la vida de decenas de civiles. Uno de los ataques más recientes se produjo el jueves 18 de agosto, en la provincia de Hasaka, cuando varios drones turcos atacaron un centro de educación para niñas. Murieron cuatro mujeres y niñas, mientras que once personas resultaron heridas. Las repercusiones internacionales no tardaron en llegar y tanto Naciones Unidas como EE.UU. y distintas ONG de Derechos Humanos condenaron los ataques llamando a mantener el alto al fuego en la región, algo que pareciera chocar con el interés declarado de Turquía de conseguir expandir la “zona de seguridad” de 30 km por medio de una una operación militar transfronteriza.
Las operaciones militares de Turquía alegan ser dirigidas hacia a la milicia de las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo (YPG), que considera la rama siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo designado como terrorista en Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, las YPG son la fuerza predominante en las Fuerzas Democráticas Sirias, en las que Estados Unidos confió en gran medida para luchar contra el grupo armado ISIL (ISIS).
Como se explicó en observatorios anteriores, Turquía vive un año crucial de cara a las elecciones presidenciales de 2023 y Erdogan utiliza una retórica pragmática en cuestiones como las 2 referentes a Siria. A posterior de los ataques descritos, el Ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlut Çavusoglu, llamaba a abrir un camino a la negociación con el régimen sirio de Bashar Al Assad: "Turquía debe reconciliar el régimen con la oposición siria. El objetivo de esta reconciliación es una nueva Constitución y la celebración urgente de elecciones bajo supervisión de Naciones Unidas" declaró Çavusoglu.