Casi 100 días pasaron del inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, y la misma parece estar lejos de vislumbrar un fin. Los esfuerzos diplomáticos parecen haber llegado, una vez más, a un nuevo impasse, posibilitado, en esta ocasión, por la reciente ola de ataques iraníes contra los aliados de Estados Unidos, las monarquías del Golfo. Luego de una presunta ofensiva estadounidense contra Teherán, éste arremetió contra Kuwait y Bahréin el pasado 3 de junio, y, al igual que con ataques anteriores, puso de manifiesto la vulnerabilidad a la que están expuestos dichos países.
El argumento esgrimido por Irán para golpear a las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) fue que éstas permitieron que Washington utilice su espacio aéreo para lanzar sus ataques. Esto es posible, justamente, porque la Casa Blanca cuenta con una presencia militar muy fuerte en la península arábiga, con miles de tropas desplegadas en la región y con las bases de Al-Udeid (Qatar), Al-Dhafra (EAU), Ali al-Salem (Kuwait) y la Base de Apoyo Naval (Bahréin), que, a su vez, es sede de la V Flota y del Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos (NAVCENT). Las monarquías del Golfo dependen en gran medida de la garantía de seguridad y defensa estadounidense, por lo que no es de sorprender que su espacio aéreo –y hasta su propio territorio– queden supeditados a la voluntad de su aliado.
Ahora bien, la guerra también expone las deficiencias y contradicciones inherentes a dicha arquitectura de defensa. Al intervenir en el conflicto bélico en apoyo de otro de sus históricos aliados, Israel, Estados Unidos atentó contra su propio rol de “garante de la seguridad del Golfo” y se convirtió, paradójicamente, en uno de los principales causantes de su inestabilidad. Incluso si las monarquías del CCG consideraron, durante décadas, a Irán como una amenaza, son conscientes de que una región sumergida en las tensiones y la catástrofe no es compatible con los objetivos enunciados en sus respectivas visiones económicas. Ahora, con el nuevo capítulo de la guerra Irán-Estados Unidos-Israel, iniciado en febrero del corriente año, los países del Golfo parecen quedar en medio de las hostilidades, convirtiéndose en un blanco ideal de ataques y obligándolos, en consecuencia, a recalibrar sus enfoques de política exterior. Por ejemplo, Arabia Saudita fortaleció sus vínculos con Pakistán, Turquía y Egipto, y se rehusó a formar parte de los Acuerdos de Abraham hasta que no exista un Estado palestino independiente. Por su parte, Omán supo aprovechar su pragmatismo y se mantuvo firme frente a un Trump que, a fines de mayo, amenazó con “volarlo por los aires” si no cooperaba con Estados Unidos.
Sin embargo –y es aquí donde radica la paradoja– incluso si el propio Washington, en esta ocasión, expuso al CCG a nuevas tensiones, estos países no son capaces de “descentralizar” a Estados Unidos de sus esquemas de defensa, porque no deja de ser la única potencia con recursos militares suficientes como para garantizar la seguridad de una región en su conjunto. A pesar de sus intentos de diversificar sus alianzas estratégicas, ningún actor podría sustituir a la Casa Blanca en su rol, y de ahí a que se hable de una gran dependencia de la península arábiga de su aliado en materia de seguridad. Este es el gran problema al que se enfrenta el CCG, y aunque sus políticas exteriores se caractericen por una importante actividad diplomática, no cuentan con los recursos necesarios para hacerse cargo de su propia defensa y terminan por socavar, al menos en éste ámbito, su propia autonomía estratégica.